Pleno del Congreso aprobó norma que garantiza pensión digna a maestros jubilados
El día 20 de junio de 2025, en
un acto de reivindicación histórica y justicia social, el Pleno del Congreso de
la República aprobó, por mayoría, una norma que garantiza el derecho a una
pensión proporcional y digna para los maestros jubilados y cesantes de la
Carrera Pública Magisterial, en correlación con la Remuneración Íntegra Mensual
(RIM).
La iniciativa, contenida en los proyectos de
ley 3864/2022-CR (de autoría del congresista Edgar Tello Montes), 4786/2022-CR,
entre otros, busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que por
años afectaron a los docentes del país.
La propuesta dispone el pago de la pensión
para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de
la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión
equivalente a la Remuneración íntegra Mensual correspondiente a la primera
escala magisterial.
Además, garantizará que los maestros
jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial obtengan una pensión
adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de
vida decente.
El texto sustitutorio establece una pensión
proporcional para los profesores retirados de la educación básica regular,
alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los regímenes de
los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como para los afiliados al Sistema
Privado de Pensiones (SPP) y la Ley 29944.
Asimismo, los afiliados al Sistema Privado de
Pensiones (SPP) recibirán estas pensiones las cuales serán equivalentes
al monto de la RIM correspondiente a la primera escala magisterial y serán
establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el
Ministerio de Educación.
Durante la sustentación del dictamen, el
presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera, congresista Ilich López Ureña (AP), explicó que el actual sistema
previsional es fragmentado e inequitativo, afectando particularmente al
magisterio.
«Los docentes cesantes perciben pensiones muy
por debajo del salario mínimo, lo que atenta contra su derecho a una vejez
digna y afecta la motivación de ingresar o permanecer en la carrera docente»,
sostuvo.
López Ureña remarcó que el caso de los
maestros afiliados al SPP es crítico, pues sus pensiones dependen
exclusivamente del ahorro individual, sin garantías estatales ni mecanismos de
nivelación.
«Es hora de que el Estado reconozca el valor
del trabajo educativo y su impacto en el desarrollo nacional», enfatizó.
Durante el debate, congresistas de diversas
bancadas expresaron su respaldo a la norma. Segundo Montalvo (PL), Alex Paredes
y Paul Gutiérrez (BMCN), y Waldemar Cerrón (PL), destacaron la necesidad de
reparar una deuda histórica con el magisterio.
Sin embargo, también se escucharon voces que
alertaron sobre el impacto fiscal de la medida. El congresista Alejandro Cavero
señaló que la norma podría representar un costo de hasta 4 mil millones de
soles anuales para el Estado, advirtiendo que la propuesta cuenta con opinión
negativa del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación.
Planteó una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de
Presupuesto.
En la misma línea, los congresistas César
Revilla y Patricia Juárez hicieron un llamado a la prudencia fiscal. “No
podemos caer en excesos en un contexto de déficit fiscal”, indicó Juárez.
El dictamen fue aprobado, en primera
votación, con 54 a favor, cero en contra y 12 abstenciones. La propuesta será
materia de segunda votación transcurridos los siete días calendario.