PROPOSICIÓN LEGISLATIVA QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN AL DOCENTE FRENTE A AGRESIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Los diputados que suscriben,
integrantes del Grupo Parlamentario Renovación Popular y a iniciativa de la
diputada MADY VERONICA YONZ NUÑEZ, en ejercicio de la atribución que les
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos
98 y 107 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la siguiente
proposición legislativa:
FÓRMULA LEGAL
LEY QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN AL
DOCENTE FRENTE A AGRESIONES COMETIDAS POR ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Artículo 1.- Objeto de la ley
La presente ley tiene por objeto
establecer obligaciones de protección institucional inmediata frente a
agresiones físicas, violencia psicológica, amenazas y hostigamiento cometidos
por estudiantes contra docentes en las instituciones educativas, sin sustituir
el régimen general de convivencia y disciplina escolar.
Artículo 2.- Finalidad
La presente ley tiene por finalidad
proteger la dignidad e integridad del docente, garantizar el ejercicio de sus
funciones en condiciones de seguridad y prevenir la reiteración de las
agresiones, con respeto de los derechos de los estudiantes y su continuidad
educativa.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
La presente ley es aplicable a las
instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica. Sus
disposiciones se aplican cuando un docente sea víctima de las conductas
previstas en el artículo 1, cometidas por un estudiante durante el desarrollo
de actividades educativas o con ocasión del ejercicio de la función docente,
incluidas las realizadas por medios digitales.
Artículo 4.- Protección institucional
inmediata
4.1. La dirección de la institución
educativa, al tomar conocimiento de los hechos, evalúa el riesgo y adopta de
inmediato las medidas necesarias para proteger la integridad del docente y
prevenir nuevas agresiones.
4.2. La protección no requiere
denuncia policial, fiscal o judicial previa y no supone una determinación
anticipada de responsabilidad del estudiante.
4.3. Cuando la dirección omita
actuar, el docente puede comunicar los hechos a la Unidad de Gestión Educativa
Local o a la instancia que haga sus veces, para que intervenga conforme a sus
competencias.
Artículo 5.- Hechos que requieren
evaluación y respuesta institucional
5.1. La institución educativa evalúa
y atiende las agresiones físicas, amenazas, actos de violencia psicológica,
hostigamiento e intimidación dirigidos contra docentes, cuando guarden relación
con el ejercicio de la función educativa.
5.2. La evaluación considera las
circunstancias del hecho, el riesgo para la integridad del docente, la edad y
el nivel de desarrollo del estudiante y sus necesidades de apoyo. La adopción
de medidas de protección no presupone la responsabilidad del estudiante.
5.3. La formulación de quejas,
denuncias, discrepancias o críticas sobre la actuación docente no constituye,
por sí sola, una conducta de violencia o una infracción disciplinaria.
Artículo 6.- Medidas correctivas y
acompañamiento educativo
6.1. Si corresponde determinar la
responsabilidad de un estudiante, las medidas correctivas se aplican de
conformidad con el régimen de convivencia y disciplina escolar vigente, con
respeto del debido procedimiento, la proporcionalidad, la finalidad formativa y
la continuidad educativa. La presente ley no crea infracciones ni sanciones
disciplinarias adicionales.
6.2. La institución educativa
asegura, según corresponda, las actuaciones de orientación y acompañamiento al
estudiante y la participación de su padre, madre, tutor o responsable, conforme
a la normativa educativa.
6.3. Las prácticas restaurativas que
impliquen un encuentro directo con el docente afectado requieren su
consentimiento. La protección institucional no está condicionada a una
conciliación ni a un encuentro con el estudiante.
Artículo 7.- Medidas de protección
del docente
7.1. Según el riesgo identificado, la
dirección dispone, de forma motivada, una o más de las siguientes medidas:
a) Acompañamiento institucional al
docente durante las actividades en las que exista riesgo de nueva agresión.
b) Reorganización temporal de
espacios o actividades para prevenir contactos o situaciones de riesgo, sin
trasladar injustificadamente al docente las consecuencias de los hechos.
c) Separación temporal del estudiante
del espacio compartido con el docente afectado cuando sea indispensable para
proteger la integridad de las personas, con supervisión y atención educativa
que garantice la continuidad de los aprendizajes.
d) Coordinación con la Unidad de
Gestión Educativa Local y las autoridades competentes cuando la naturaleza o
gravedad de los hechos lo requiera.
7.2. Las medidas son proporcionales
al riesgo, temporales, revisables y no sancionadoras. La decisión identifica su
justificación, duración y fecha de revisión y cesa cuando desaparecen las
circunstancias que la motivaron.
7.3. Estas medidas preventivas no
constituyen expulsión ni sanción disciplinaria; tampoco autorizan la
interrupción del servicio educativo, el aislamiento sin supervisión o la
afectación injustificada de las condiciones laborales del docente. Las
eventuales sanciones se rigen por la normativa educativa aplicable.
Artículo 8.- Registro y seguimiento
8.1. La dirección deja constancia de
los hechos comunicados, las medidas de protección, las actuaciones realizadas y
las medidas correctivas aplicadas, utilizando los instrumentos institucionales
existentes que correspondan.
8.2. La información se conserva con
acceso restringido y respeto de la normativa sobre protección de datos
personales. La preservación de evidencias no autoriza el acceso al contenido de
dispositivos o comunicaciones privadas fuera de los supuestos legalmente
permitidos.
8.3. El seguimiento verifica el
cumplimiento de las medidas, la evolución del riesgo y las condiciones para su
modificación o conclusión.
Artículo 9.- Prohibición de
represalias
Se prohíbe cualquier represalia
contra el docente que comunique o denuncie de buena fe un hecho comprendido en
la presente ley o que colabore con su esclarecimiento.
Artículo 10.- Garantías y régimen
aplicable
10.1. La determinación de
responsabilidad del estudiante y la imposición de medidas correctivas se
sujetan al régimen educativo aplicable, garantizando la comunicación de los
hechos, el derecho a ser oído y formular descargos, la valoración objetiva, la
decisión motivada y los mecanismos de revisión que correspondan.
10.2. Se respetan el interés superior
del niño y adolescente, la proporcionalidad, la confidencialidad, la no
discriminación y el derecho a la educación. Cuando corresponda, se informa y
permite participar al padre, madre, tutor o responsable, y se brindan los
apoyos y ajustes necesarios.
10.3. El docente afectado no
determina la responsabilidad del estudiante ni decide la medida correctiva. Las
medidas de protección inmediata son independientes del resultado del
procedimiento.
Artículo 11.- Deberes de las
autoridades educativas
11.1. La dirección activa y documenta
oportunamente las medidas de protección, coordina el seguimiento y garantiza
que se atienda la situación de riesgo conforme a esta ley y a la normativa
educativa.
11.2. La Unidad de Gestión Educativa
Local o la instancia que haga sus veces interviene frente a la falta de
respuesta de la dirección, supervisa las actuaciones conforme a sus competencias
y dispone o promueve las medidas que correspondan.
11.3. Cuando se adviertan posibles
incumplimientos de deberes funcionales, los antecedentes se remiten a la
autoridad competente para su evaluación conforme al régimen aplicable y con
respeto del debido procedimiento.
Artículo 12.- Coordinación con las
autoridades competentes
Cuando los hechos puedan constituir
delito o requieran la intervención de otras autoridades, la dirección efectúa
las comunicaciones o denuncias correspondientes conforme a la legislación
vigente.
La intervención de dichas autoridades
no suspende la adopción de las medidas de protección previstas en esta ley.
